🚨 DATOS QUE EL ESTADO PERUANO NO PUEDE NEGAR
Estos no son datos de activistas. Son datos del propio Estado peruano y de organismos internacionales.
El OEFA del Estado peruano documentó en 2022 metales pesados y vertimientos clandestinos en Cajamarca.
La DIRESA del Estado peruano confirmó en 2025 que el 100% de los sistemas de agua evaluados fallan los parámetros mínimos.
La ANA del Estado peruano reconoció el 24 de marzo de 2026 que no tiene información centralizada sobre sus propias acciones de fiscalización hídrica en esas cuencas.
El MINEM del Estado peruano aprobó un cronograma que posterga las plantas de tratamiento hasta 2027.
Y Newmont admitió bajo juramento ante la bolsa de valores de Estados Unidos que opera sin cumplir estándares hídricos desde 2015, con un pasivo ambiental de US$ 4,546 millones.
Todos los documentos son públicos y verificables.
El agua de Cajamarca es un derecho constitucional. No un subproducto de la minería.
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